A mediados del pasado mes de febrero, IU y ERC, socios del Gobierno, presentaron y votaron a favor de una proposición no de ley para suprimir los "privilegios" de la Iglesia Católica y reformar los acuerdos con la Santa Sede. Fue un nuevo ataque del laicismo excluyente y del fundamentalismo anticlerical.
La propia exposición de motivos de esta proposición no de Ley ponía de relieve que esta iniciativa no se planteó desde la moderación y la sensatez que requieren estas cuestiones, sino desde una posición apriorística o dogmática que busca discriminar injustificadamente a la confesión religiosa mayoritaria en España con relación a otras confesiones o asociaciones. Pretenden así negar a la jerarquía eclesiástica católica su derecho a la libertad de expresión, como si no fueran ciudadanos españoles a quienes ampara la Constitución. El portavoz del Grupo Socialista durante el debate de dicha proposición, Ramón Jáuregui, llegó a hablar de "combate brutal desde la jerarquía eclesiástica hacia el Gobierno", un exceso extraordinario e incompatible con moderación ninguna.
En el primer párrafo de la proposición se hablaba de una supuesta "actitud recalcitrante" de la jerarquía católica contra los avances sociales a favor de la igualdad. No cabe mayor despropósito. El cristianismo revolucionó el mundo al proclamar la igualdad de todos los seres humanos y su dignidad radical. Puede que los cristianos no hayan sido en todas las épocas consecuentes con las enseñanzas evangélicas. Pero no cabe duda de que quienes predican el amor al prójimo y dan testimonio con obras y no sólo con palabras de su compromiso con la justicia y la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación en el mundo entero no merecen ser tildados de mantener una actitud recalcitrante contra los avances sociales a favor de la igualdad ni de ser enemigos de la libertad. Por otra parte, los principales responsables de la construcción de Europa compartieron los valores del humanismo cristiano.
Hay que poner de relieve la sinrazón de una proposición que tan sólo pretendía amordazar a una confesión como la católica mayoritaria en España, porque no les gusta el uso que hace de su libertad de expresión. Izquierda Unida, el partido que la presentó, demostraba así la fidelidad a su tradicional dogmatismo ideológico al sostener en el texto que las opiniones de la jerarquía católica son "anticonstitucionales". Conociéndolos, podrían estar acusando a la Iglesia Católica de deslealtad con la Constitución para expulsarla del sistema democrático, resucitando la cuestión religiosa que tanto daño hizo a la convivencia en España.
En su proposición denunciaban que la Iglesia Católica se financiara con cargo a los presupuestos del Estado. Es evidente que, aunque en el momento de presentarla eso era así, ni ahora ni cuando se votó tenía sentido dicha afirmación, después del reciente acuerdo del Estado con la Iglesia Católica sobre la financiación.
El hecho de que España sea un Estado no confesional no significa que deba vivir a espaldas de la realidad sociológica del país. Y, como es lógico, el Gobierno debe velar también por el respeto de la libertad religiosa y de culto, como el artículo 16 de la Constitución prevé. En este sentido, no hacemos nada diferente a lo que ocurre en los países de nuestro entorno. Quienes intentan envolverse en el manto constitucional para atacar a la Iglesia Católica, deberían tener en cuenta que nuestra Constitución obliga al Estado a colaborar con ella y las demás confesiones, lo que exige que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la libertad religiosa se pueda ejercer de modo real y efectivo.
Está claro que Izquierda Unida no ha leído la Constitución y, en concreto, su artículo 16,3, inciso segundo: "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Este precepto demuestra sin lugar a dudas que la Constitución ha querido reconocer la importancia social de la Iglesia Católica, y de ahí que el Estado deba prestar una especial relación a las relaciones con esta confesión religiosa.
Pues bien, ¿quiénes fueron favorables a la mención explícita de la Iglesia Católica? Unión de Centro Democrático –partido al que yo pertenecía entonces–, Alianza Popular y, miren por donde, el Partido Comunista, es decir, el partido que, según tengo entendido, es mayoritario en Izquierda Unida.Votó en contra el Partido Socialista Obrero Español. No sólo eso: en la explicación de voto el señor Solé Tura, perteneciente por aquel entonces al grupo comunista, manifestó que este artículo –el 16– "constituye un enorme progreso, puesto que constitucionaliza la libertad religiosa y de cultos, la libertad ideológica tanto en el plano personal como en el colectivo, establece con claridad la separación entre la esfera religiosa y la esfera estatal y, en definitiva, permite abordar con serenidad la superación de la vieja y nociva contraposición entre clericalismo y anticlericalismo". ¿Por qué quiere ahora IU romper aquel consenso constitucional? ¿Por qué ese empeño en destrozar la concordia nacional?
Podría irse todavía más allá, y afirmar que la libertad religiosa no es sólo un derecho fundamental, sino que debe ser entendida como uno de los principios constitucionales. En el ordenamiento constitucional español no confesional no sólo se admite la cooperación del Estado con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas, sino que se trata de un deber, porque el Estado se configura en una sociedad donde el hecho religioso es un componente básico.
Los poderes públicos, en suma, deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Son palabras literales de la propia Constitución. Y con esta actitud de reconocimiento y atención al hecho religioso, una de las primeras leyes orgánicas postconstitucionales fue la relativa a la libertad religiosa cuya promulgación tuvo lugar el 5 de julio de 1980. Por cierto, en el marco de esta estrategia de confrontación sistemática que preside las actuaciones de Izquierda Unida, también pretenden la derogación de la vigente Ley Orgánica con la única finalidad de coartar la libertad religiosa.
Pues bien, en el bloque de constitucionalidad integrado por el art. 16 de la Constitución Española y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, se establecen tres niveles de protección estatal de las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas. El más alto nivel es el otorgado a la Iglesia Católica (única mencionada expresamente en el texto constitucional) y a las confesiones que firmen acuerdos de cooperación con el Estado (hasta ahora, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España). Un segundo nivel de protección estatal lo obtienen las entidades religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia. Por último, se reconoce y tutela por los poderes públicos la libertad religiosa de los individuos y las comunidades que existan en España sin estar inscritas en el registro del Ministerio de Justicia.
Esta es la realidad. No se trata de privilegiar a nadie, ni de favorecer a la jerarquía católica ofreciéndole un trato diferencial, como se decía en el punto segundo de la proposición de Izquierda Unida. Se trata de cumplir un mandato constitucional y de abordar las relaciones con cada una de las confesiones religiosas en función de su implantación en nuestra sociedad. Y si la realidad es que la Iglesia Católica es ampliamente mayoritaria, cualquier Gobierno debe tener esto en cuenta. Pretender tratar a todos por igual sería discriminatorio, pues ha de tenerse en cuenta que se trata de situaciones desiguales. Por otra parte, es de justicia que los poderes públicos reconozcan la contribución de la Iglesia Católica a la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico, a la difusión de los valores constitucionales a través de la enseñanza y a la lucha contra la pobreza y la marginación a través de las grandes obras sociales promovidas por la Iglesia y los católicos.
No se debe discriminar desde los poderes públicos de manera tan injusta a una confesión religiosa por el hecho de que no guste su doctrina y la forma en que se expresa en público. Mal que les pese estamos en una democracia, en un Estado donde los derechos y libertades fundamentales son protegidos por el ordenamiento jurídico y por los poderes públicos al amparo de la Constitución. En el marco de la misma se firmaron los Acuerdos con la Santa Sede que tanto disgustan ahora a IU y que no necesitan de ninguna revisión que sería fruto de actitudes anticlericales contrarias al contenido esencial del derecho a la libertad religiosa.
Los mozos del encierro de Pamplona a las ocho de la mañana se congregan ante del cohete y gritan: "San Fermín, San Fermín". No tengo muy claro qué van a tener que gritar a partir de ahora para defender lo que Joan Tardá denomina la aconfesionalidad, la laicidad de nuestro Estado.
Jaime Ignacio del Burgo
