La Carta que Benedicto XVI ha dirigido a los obispos y fieles de la Iglesia católica en la República Popular China tiene la hondura de una encíclica, junto con el tono familiar y concreto de un mensaje. En sus cincuenta y cuatro páginas, el Papa aborda la delicada situación de la Iglesia en ese país, propone vías para lograr una progresiva normalidad y pide al gobierno que también cumpla su parte respetando la libertad religiosa.
Aunque está dirigida a los católicos, las referencias al gobierno chino tienen especial relevancia, pues buena parte de los problemas “dependen sobre todo de factores externos a la Iglesia”. Son fruto de sesenta años de falta de libertad religiosa, con periodos de mayor o menor virulencia. En ese tiempo, el régimen comunista creó un organismo –la Asociación Patriótica de Católicos Chinos– para controlar la vida de la Iglesia, desde el nombramiento de obispos hasta la administración de los bienes. Esa estructura sigue en vigor hoy, y es conocido que sus dirigentes pertenecen al ala más radical del Partido Comunista Chino.
Tres situaciones de obispos
Esa situación ha provocado, a lo largo de los años, una división entre aquellos obispos, sacerdotes y laicos que veían necesario el rechazo absoluto de la colaboración, y quienes consideraban posible algún tipo de acuerdo. El Papa evita en la Carta la terminología “Iglesia clandestina” e “Iglesia oficial o patriótica”, como tradicionalmente se conoce a los que optaron por una u otra vía. El Papa se refiere en todo momento a la “Iglesia en China”, para la que propone la vía de la unidad, basada en la caridad, el perdón y la reconciliación.
La clandestinidad, afirma el Papa, es un recurso excepcional para proteger la integridad de la fe y la independencia de la Iglesia con respecto al poder político. Por eso, añade refiriéndose a los obispos consagrados sin conocimiento del régimen chino, “la Santa Sede desea que estos legítimos pastores [ordenados con mandato pontificio] puedan ser reconocidos como tales por las autoridades gubernamentales, también en lo que se refiere a los necesarios efectos civiles; y que todos los fieles puedan expresar libremente su fe en el contexto social en el que viven”.
Sobre el estado de aquellos pastores que, movidos por circunstancias especiales, aceptaron ser ordenados obispos sin mandato pontificio, pero luego pidieron ser admitidos en la comunión con la Santa Sede, Benedicto XVI afirma: “El Papa, considerando la sinceridad de sus sentimientos y la complejidad de la situación, y teniendo presente el parecer de los obispos cercanos, en virtud de su responsabilidad de Pastor universal de la Iglesia, les ha concedido el pleno y legítimo ejercicio de la jurisdicción episcopal”.
Es lícito, por tanto, concelebrar con esos obispos (y los sacerdotes que ordenaron), y los fieles pueden recibir de ellos los sacramentos sin ningún problema de conciencia. La dificultad está en que, en la mayoría de los casos, “los sacerdotes y los fieles no han sido adecuadamente informados de la legitimación de su obispo, y eso ha creado no pocos y graves problemas de conciencia”. Además, algunos de esos obispos legitimados tampoco cumplieron gestos públicos que manifestaran esa legitimación. Por este motivo, el Papa establece que es indispensable que la efectiva legitimación se pueda hacer de público dominio en un periodo de tiempo breve, y que los obispos afectados lleven a cabo gestos inconfundibles de plena comunión con el Sucesor de Pedro.
Por lo que se refiere a los obispos chinos ordenados sin mandato pontificio y que no han pedido, o todavía no han obtenido, la necesaria legitimación (que son, dice el Papa, “un número muy reducido”), hay que considerarles ilegítimos, pero válidamente ordenados (siempre y cuando se tenga certeza de que quienes los ordenaron eran a su vez obispos válidamente ordenados, y que se respetó el rito católico de ordenación). Ejercen válidamente su ministerio en la administración de los sacramentos, pero de modo ilegítimo. Los fieles pueden acudir a estos obispos (y sacerdotes) en aquellas circunstancias en las que les sea difícil acudir a los legítimos. En todo caso, el Papa manifiesta su aspiración de que también ellos puedan llegar a la plena comunión.
Independencia respecto a organismos estatales
El nombre de la Asociación Patriótica solo se menciona en una nota, pero son obvias las referencias a lo largo de todo el texto. “Resulta evidente que la pretensión de algunos organismos, creados por el Estado y extraños a la estructura de la Iglesia, de situarse por encima de los mismos obispos y guiar la vida de la comunidad eclesial, no se corresponde con la doctrina católica”.
En ese contexto, el Papa subraya que no existen particulares dificultades para aceptar el reconocimiento concedido por las autoridades civiles, con la condición de que no comporte la negación de los principios irrenunciables de la fe y de la comunión eclesial. Por esa razón, añade el Papa, la Santa Sede deja a cada obispo, oído su presbiterio, la decisión de sopesar las posibilidades y las consecuencias que comportan esas autorizaciones, pues están en mejores condiciones para conocer la situación del lugar.
Sin embargo, no resulta posible todavía que el actual colegio de los obispos católicos de China pueda ser reconocido como conferencia episcopal por la Sede Apostólica. La razón es que los obispos “clandestinos” en comunión con el Papa no forman parte de esa organización, que por el contrario incluye a algunos obispos “oficiales” que todavía son ilegítimos. Además, sus estatutos “contienen elementos irreconciliables con la doctrina católica”.
Al mismo tiempo, el Papa invita a los obispos a dotarse de los instrumentos de colaboración y comunión previstos por la legislación canónica, como la curia diocesana y los demás organismos, también de ámbito parroquial. Una indicación muy concreta es que “los bienes temporales de la Iglesia, muebles e inmuebles, deberán registrarse legalmente en el ámbito civil a nombre de la diócesis o de la parroquia, pero nunca a nombre de personas singulares (es decir, obispos, párroco o grupo de fieles)”.
La Iglesia no pretende cambiar el Estado
Anunciada hace unos meses, y enviada como gesto de cortesía al gobierno chino diez días antes de su publicación, la Carta dedica mucho espacio a cuestiones eclesiológicas, especialmente a los fundamentos de la unidad de la Iglesia y al papel del Papa. De ahí emerge también una visión muy clara de lo que es la Iglesia, dirigida a los responsables políticos de China.
“La Iglesia católica que está en China no tiene la misión de cambiar la estructura o la administración del Estado, sino la de anunciar a los hombres a Cristo”. “La Iglesia no puede y no debe ponerse en el lugar del Estado. Pero tampoco puede y debe quedar al margen en la lucha por la justicia”.
Son varios los pasajes en los que el Papa insiste en la necesidad de superar los malentendidos e incomprensiones en las relaciones entre Iglesia y Estado en China. “Soy consciente de que la normalización de las relaciones con la República Popular China requiere tiempo y presupone la buena voluntad de las dos partes. Por su parte, la Santa Sede sigue abierta a las negociaciones, que son necesarias para superar el difícil momento presente”.
Nombramiento de obispos
Un punto especialmente delicado es el nombramiento de los obispos, un elemento constitutivo del pleno ejercicio del derecho a la libertad religiosa. “Deseo que se llegue a un acuerdo con el gobierno para resolver algunas cuestiones relacionadas con la elección de los candidatos al episcopado, la publicación del nombramiento de obispos y el reconocimiento –a efectos civiles en la medida en que sean necesarios– del nuevo obispo por parte de la autoridad civil.
En cuanto a las relaciones di-plomáticas entre la Santa Sede y China, la Carta no contiene una mención explícita ni alude al problema de Taiwán, que el gobierno chino suele plantear como obstáculo para tales relaciones con el fin de evitar que el debate se centre en la causa real: la falta de libertad religiosa. El problema de la nunciatura en Taiwán se aborda en la nota explicativa que acompaña al texto.
En todo caso, el Papa hace suyas unas palabras de Juan Pablo II en las que formula su deseo de ver pronto instauradas “vías concretas de comunicación y colaboración entre la Santa Sede y la República Popular China”.
Algunos progresos se han dado en esa dirección, aunque restan todavía “graves limitaciones” para la Iglesia. A pesar de todo, las nuevas circunstancias aconsejan al Papa dar un paso en el proceso hacia la normalidad. Concretamente, con esta Carta suprime “todas las facultades que se habían concedido para hacer frente a las particulares exigencias pastorales surgidas en tiempos verdaderamente difíciles”. A partir de ahora, el punto de referencia será precisamente esta Carta. Se trata, en definitiva, de una muestra de confianza en el futuro: no hará ya falta utilizar sistemas propios de una Iglesia que vive en las catacumbas.
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Aunque está dirigida a los católicos, las referencias al gobierno chino tienen especial relevancia, pues buena parte de los problemas “dependen sobre todo de factores externos a la Iglesia”. Son fruto de sesenta años de falta de libertad religiosa, con periodos de mayor o menor virulencia. En ese tiempo, el régimen comunista creó un organismo –la Asociación Patriótica de Católicos Chinos– para controlar la vida de la Iglesia, desde el nombramiento de obispos hasta la administración de los bienes. Esa estructura sigue en vigor hoy, y es conocido que sus dirigentes pertenecen al ala más radical del Partido Comunista Chino.
Tres situaciones de obispos
Esa situación ha provocado, a lo largo de los años, una división entre aquellos obispos, sacerdotes y laicos que veían necesario el rechazo absoluto de la colaboración, y quienes consideraban posible algún tipo de acuerdo. El Papa evita en la Carta la terminología “Iglesia clandestina” e “Iglesia oficial o patriótica”, como tradicionalmente se conoce a los que optaron por una u otra vía. El Papa se refiere en todo momento a la “Iglesia en China”, para la que propone la vía de la unidad, basada en la caridad, el perdón y la reconciliación.
La clandestinidad, afirma el Papa, es un recurso excepcional para proteger la integridad de la fe y la independencia de la Iglesia con respecto al poder político. Por eso, añade refiriéndose a los obispos consagrados sin conocimiento del régimen chino, “la Santa Sede desea que estos legítimos pastores [ordenados con mandato pontificio] puedan ser reconocidos como tales por las autoridades gubernamentales, también en lo que se refiere a los necesarios efectos civiles; y que todos los fieles puedan expresar libremente su fe en el contexto social en el que viven”.
Sobre el estado de aquellos pastores que, movidos por circunstancias especiales, aceptaron ser ordenados obispos sin mandato pontificio, pero luego pidieron ser admitidos en la comunión con la Santa Sede, Benedicto XVI afirma: “El Papa, considerando la sinceridad de sus sentimientos y la complejidad de la situación, y teniendo presente el parecer de los obispos cercanos, en virtud de su responsabilidad de Pastor universal de la Iglesia, les ha concedido el pleno y legítimo ejercicio de la jurisdicción episcopal”.
Es lícito, por tanto, concelebrar con esos obispos (y los sacerdotes que ordenaron), y los fieles pueden recibir de ellos los sacramentos sin ningún problema de conciencia. La dificultad está en que, en la mayoría de los casos, “los sacerdotes y los fieles no han sido adecuadamente informados de la legitimación de su obispo, y eso ha creado no pocos y graves problemas de conciencia”. Además, algunos de esos obispos legitimados tampoco cumplieron gestos públicos que manifestaran esa legitimación. Por este motivo, el Papa establece que es indispensable que la efectiva legitimación se pueda hacer de público dominio en un periodo de tiempo breve, y que los obispos afectados lleven a cabo gestos inconfundibles de plena comunión con el Sucesor de Pedro.
Por lo que se refiere a los obispos chinos ordenados sin mandato pontificio y que no han pedido, o todavía no han obtenido, la necesaria legitimación (que son, dice el Papa, “un número muy reducido”), hay que considerarles ilegítimos, pero válidamente ordenados (siempre y cuando se tenga certeza de que quienes los ordenaron eran a su vez obispos válidamente ordenados, y que se respetó el rito católico de ordenación). Ejercen válidamente su ministerio en la administración de los sacramentos, pero de modo ilegítimo. Los fieles pueden acudir a estos obispos (y sacerdotes) en aquellas circunstancias en las que les sea difícil acudir a los legítimos. En todo caso, el Papa manifiesta su aspiración de que también ellos puedan llegar a la plena comunión.
Independencia respecto a organismos estatales
El nombre de la Asociación Patriótica solo se menciona en una nota, pero son obvias las referencias a lo largo de todo el texto. “Resulta evidente que la pretensión de algunos organismos, creados por el Estado y extraños a la estructura de la Iglesia, de situarse por encima de los mismos obispos y guiar la vida de la comunidad eclesial, no se corresponde con la doctrina católica”.
En ese contexto, el Papa subraya que no existen particulares dificultades para aceptar el reconocimiento concedido por las autoridades civiles, con la condición de que no comporte la negación de los principios irrenunciables de la fe y de la comunión eclesial. Por esa razón, añade el Papa, la Santa Sede deja a cada obispo, oído su presbiterio, la decisión de sopesar las posibilidades y las consecuencias que comportan esas autorizaciones, pues están en mejores condiciones para conocer la situación del lugar.
Sin embargo, no resulta posible todavía que el actual colegio de los obispos católicos de China pueda ser reconocido como conferencia episcopal por la Sede Apostólica. La razón es que los obispos “clandestinos” en comunión con el Papa no forman parte de esa organización, que por el contrario incluye a algunos obispos “oficiales” que todavía son ilegítimos. Además, sus estatutos “contienen elementos irreconciliables con la doctrina católica”.
Al mismo tiempo, el Papa invita a los obispos a dotarse de los instrumentos de colaboración y comunión previstos por la legislación canónica, como la curia diocesana y los demás organismos, también de ámbito parroquial. Una indicación muy concreta es que “los bienes temporales de la Iglesia, muebles e inmuebles, deberán registrarse legalmente en el ámbito civil a nombre de la diócesis o de la parroquia, pero nunca a nombre de personas singulares (es decir, obispos, párroco o grupo de fieles)”.
La Iglesia no pretende cambiar el Estado
Anunciada hace unos meses, y enviada como gesto de cortesía al gobierno chino diez días antes de su publicación, la Carta dedica mucho espacio a cuestiones eclesiológicas, especialmente a los fundamentos de la unidad de la Iglesia y al papel del Papa. De ahí emerge también una visión muy clara de lo que es la Iglesia, dirigida a los responsables políticos de China.
“La Iglesia católica que está en China no tiene la misión de cambiar la estructura o la administración del Estado, sino la de anunciar a los hombres a Cristo”. “La Iglesia no puede y no debe ponerse en el lugar del Estado. Pero tampoco puede y debe quedar al margen en la lucha por la justicia”.
Son varios los pasajes en los que el Papa insiste en la necesidad de superar los malentendidos e incomprensiones en las relaciones entre Iglesia y Estado en China. “Soy consciente de que la normalización de las relaciones con la República Popular China requiere tiempo y presupone la buena voluntad de las dos partes. Por su parte, la Santa Sede sigue abierta a las negociaciones, que son necesarias para superar el difícil momento presente”.
Nombramiento de obispos
Un punto especialmente delicado es el nombramiento de los obispos, un elemento constitutivo del pleno ejercicio del derecho a la libertad religiosa. “Deseo que se llegue a un acuerdo con el gobierno para resolver algunas cuestiones relacionadas con la elección de los candidatos al episcopado, la publicación del nombramiento de obispos y el reconocimiento –a efectos civiles en la medida en que sean necesarios– del nuevo obispo por parte de la autoridad civil.
En cuanto a las relaciones di-plomáticas entre la Santa Sede y China, la Carta no contiene una mención explícita ni alude al problema de Taiwán, que el gobierno chino suele plantear como obstáculo para tales relaciones con el fin de evitar que el debate se centre en la causa real: la falta de libertad religiosa. El problema de la nunciatura en Taiwán se aborda en la nota explicativa que acompaña al texto.
En todo caso, el Papa hace suyas unas palabras de Juan Pablo II en las que formula su deseo de ver pronto instauradas “vías concretas de comunicación y colaboración entre la Santa Sede y la República Popular China”.
Algunos progresos se han dado en esa dirección, aunque restan todavía “graves limitaciones” para la Iglesia. A pesar de todo, las nuevas circunstancias aconsejan al Papa dar un paso en el proceso hacia la normalidad. Concretamente, con esta Carta suprime “todas las facultades que se habían concedido para hacer frente a las particulares exigencias pastorales surgidas en tiempos verdaderamente difíciles”. A partir de ahora, el punto de referencia será precisamente esta Carta. Se trata, en definitiva, de una muestra de confianza en el futuro: no hará ya falta utilizar sistemas propios de una Iglesia que vive en las catacumbas.
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